Desde el 2000 el Gobierno ha formulado esquemas para pagar las deudas.El Presidente Hugo Chávez el pasado jueves anunció que reformará la Ley Orgánica del Trabajo para la vuelta a la retroactividad de las prestaciones sociales, y además, apuntó que cancelará las deudas que se tienen con los ex trabajadores del sector público y que corresponden al régimen vigente.
El cambio que se realizó en el cálculo de las prestaciones en el año 1997 le ha generado al Ejecutivo Nacional pasivos laborales, que al cierre de mayo de este año estaban estimados en 24,5 millardos de bolívares, según datos oficiales.
El reporte que presentó el Gobierno a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) sobre la gestión de 2010 presenta cifras de este ejercicio, y allí se notifica que para el año 2009 las obligaciones laborales estaban en 19,1 millardos de bolívares, pero en dos años subieron 31%.
El mandatario, en el acto de creación de la Central Socialista Bolivariana, manifestó que era necesario designar una comisión especial que se encargara de evaluar la deuda que mantiene el Estado con los jubilados que no han recibido sus prestaciones sociales.
Y ordenó que la cobertura de esas obligaciones las tenía que asumir la industria petrolera, bajo un esquema similar al evaluado en el año 2004, es decir, cancelación con bonos.
Vieja historia
Los anuncios de cancelación de los pasivos laborales ya se han realizado en años anteriores.
En el 2000 el jefe de Estado creó una comisión especial, bajo la coordinación del Ministerio de Finanzas, para el cálculo de las deudas con los ex empleados de la administración pública y una vez listas las cuentas se procedería a la cancelación. Para esa estimación de los pasivos laborales los ministerios, entes oficiales, gobernaciones y alcaldías tenían que consignar la cantidad de personas jubiladas.
En la medida que se fue entregando la información, el despacho autorizó los pagos, que estaban sujetos al comportamiento de los ingresos. No obstante, los datos de las deudas no fueron dados en su totalidad.
Luego en el año 2003 el primer mandatario nacional indicó que se conformaría la Misión Marte para atender los compromisos con los ex trabajadores, pero esa misión no se concretó y fue en 2004 cuando el despacho de las finanzas públicas formuló una propuesta para cubrir las obligaciones.
Pese a que las cifras de las deudas no estaban completas, Finanzas comenzó a trabajar en un proyecto de Ley de Pasivos Laborales, que planteaba dos mecanismos de pago: bonos y activos del Estado.
En el caso de los bonos se proponía que los organismos abrieran fideicomisos, los cuales se nutrirían de los papeles. En la otra modalidad se daría a los trabajadores participaciones en entidades como los hoteles estatales, y ese porcentaje se otorgaría de acuerdo al monto de la acreencia. Si bien se manejaron dos vías, la que tenía más aceptación eran los pagos con bonos.
No obstante, al final el marco legal no se aprobó y los pagos de los pasivos laborales se continuaron efectuando de acuerdo al comportamiento de los ingresos.
Otro esquema
En el 2008 el Ejecutivo Nacional, a fin de cumplir con los compromisos, decidió incluir en la Ley de Presupuesto de ese año una partida especial para atender las obligaciones con los ex trabajadores públicos. La intención era mantenerla en cada presupuesto.
Pero en 2009 ese esquema cambió y las autoridades decidieron cubrir los pasivos con ingresos ordinarios y extraordinarios, lo que se ha seguido hasta ejercicio de 2011.
La carga de prestaciones del Estado ha crecido debido a que la nómina es mayor. En 2000 eran 1,2 millones de empleados hoy son 2,3 millones.
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