Fedecámaras teme porque se agudice el desabastecimiento de productos.A un mes prácticamente de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos, comerciantes y empresarios desconocen el reglamento mediante el cual se hará cumplir la normativa. Tampoco han sido convocados para registrarse en la Superintendencia de Costos, encargada de hacer que se cumplan los precios máximos de venta al público.
Solo algunos sectores han sostenido conversaciones con el Gobierno para fijar las bandas de precios de determinados rubros.
Bajo este panorama, Fedecámaras considera que mal puede interpretarse que la cúpula empresarial esté en contra de la aplicación de la ley. Su vicepresidente, Jorge Roig, resalta que hasta los propios diputados que hoy acusan al sector privado también desconocen el contenido del instrumento legal porque no se discutió en la Asamblea Nacional, sino que fue diseñado a la medida del Ejecutivo.
Según el cronograma del Gobierno, este mes deberían estar establecidas las bandas de precios de los rubros más importantes (salud, alimentación, educación, materiales de construcción, textiles, calzados y útiles escolares). A la fecha, apenas se han convenido los precios máximos de venta al público de las hortalizas y verduras.
Aunque desde Fedecámaras celebran estos acuerdos, Roig señala que estas bandas no vienen a arrojar nada nuevo, porque los alimentos están controlados desde hace tiempo en el país. Lo que sí advierte es que la economía no puede atarse a una política de estrictos controles, porque los resultados se ven reflejados en el desabastecimiento y encarecimiento de los productos.
Actualmente el consumidor está en desventaja porque hay muy poca opción para escoger, según el vicepresidente de Fedecámaras, y asegura que con la Ley de Costos este panorama no mejorará.
Para Roig, la única forma de combatir la inflación es crear más empresas, que puedan aumentar la producción y satisfacer la demanda.
"La Ley de Costos va más allá de los precios. Se mete con los costos, determina la ganancia. Es un control absoluto de la economía y de los negocios", dice.
Roig critica además la discrecionalidad de los funcionarios para conocer los costos de las pequeñas y grandes empresas.
Fedecámaras desea negociar con el Ejecutivo en beneficio de los consumidores. Mientras, mantiene vigente su plan de progreso y bienestar, que busca incrementar las inversiones en cinco años y generar un millón de empleos.
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