La discusión de la Ley Orgánica de Trabajo activó las alarmas de algunos sectores con respecto a las deudas pendientes que aún mantiene el Gobierno en materia laboral, como es el caso de la Ley de Jubilaciones y la discusión del contrato marco del secror público.La Federación de Empleados Públicos (Fedeunep) tiene previsto acudir el próximo miércoles a la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional para solicitar celeridad en la discusión de ambas materias.
De acuerdo a Antonio Suárez, presidente de Fedeunep, todavía es necesaria la reforma de los artículos 7, 8, 9 y 13 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios de la administración pública, de los estados y municipios, que tienen que ver con el cálculo de las jubilaciones.
Asegura que los empleados públicos nacionales, estadales y municipales pierden el 60% de sus ingresos al momento de ser jubilados o retirados de la administración pública.
Suárez detalla que el instrumento jurídico penaliza los años de servicios de los funcionarios y establece la revisión de la pensión periódicamente, pero no de forma obligatoria, lo cual deja a potestad del Estado patrono hacer los ajustes a conveniencia.
"Es una mora que tienen los diputados de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional de incluir en la agenda la modificación de esta ley. No podemos esperar más una reforma integral de la Ley de Pensiones", apunta.
Contrato colectivo marco
Asimismo, la Federación de Empleados Públicos planteará la discusión del contrato marco, en mora legislativa desde hace seis años. Sugieren que el debate se realice con los sindicatos de base que hacen vida dentro de las distintas federaciones.
Suárez explica que la necesidad de discutir el contrato marco surge por la falta de otros beneficios que ayuden a compensar la pérdida del poder adquisitivo.
La idea es que la Comisión de Desarrollo Social sea mediadora entre el Estado patrono y los sindicatos, para que se discuta el contrato marco.
Fedeunep también aboga por que se consulten a todos los sectores sobre los cambios de la Ley Orgánica de Trabajo, sin imposiciones del Estado, para que sea una reforma integral.
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