En total recibió 60.008 casos y declaró con lugar 19.710 providencias.
Un total de 40.298 denuncias de despidos injustificados recibió el Ministerio de Trabajo el año pasado, según se desprende del informe anual 2011 sobre la Situación de los Derechos Humanos del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
El número de denuncias disminuyó con respecto a 2009, cuando 78.594 personas fueron despedidas sin autorización de la Inspectoría del Trabajo. El acatamiento a la inamovilidad laboral y al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley fueron los causantes de este descenso.
Desde 2002, el Ejecutivo ha venido decretando la inamovilidad laboral para evitar el despido de trabajadores. Organizaciones sindicales aspiran que la medida sea incorporada en los cambios de la Ley Orgánica de Trabajo.
El trabajo de Provea detalla también que el año pasado se declararon con lugar 19.710 providencias administrativas ordenando el reenganche con pago de salarios caídos, de un total de 60.008 solicitudes. Esto quiere decir que solo resolvió 32% de los casos. Los patronos fueron sancionados por diversos incumplimientos (23,6% por desacato a la orden de reenganche).
Precisamente, esta es una de las principales quejas laborales. La Unión Nacional de Trabajadores plantea una reestructuración del Ministerio de Trabajo, por la falta de cumplimiento de las órdenes de reenganche. Denuncian que las inspectorías de trabajo se niegan a recibir pliegos petitorios.
En el informe anual llama la atención la reducción del registro de organizaciones sindicales, así como las limitaciones que han enfrentado algunos sindicatos para ejercer su lucha. En 2010, se registraron 321 sindicatos, es decir, 70 menos que en 2009.
Otra de las preocupaciones es la ausencia de la instalación de una comisión tripartita para fijar las políticas laborales. Desde 1999 el Gobierno ha asumido de forma unilateral esta responsabilidad, incluida la salarial.
A esta situación se suman los retrasos en la discusión del contrato colectivo. Provea destaca que aun cuando en 2010 se homologaron 540 convenciones colectivas beneficiando a 2.308.542 trabajadores, se continuó negando la discusión de convenciones en amplios sectores de la administración pública nacional, estadal, municipal y en las empresas básicas del Estado.
El informe también incluye la deuda que mantiene el Estado en términos de salud y seguridad laboral. Reclama que Inpsasel no tiene actualizada la información sobre los registros de accidentes.
YANETH FERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
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