
Esta inquietud surge por la negativa de los patronos tanto públicos como privados de acatar las decisiones que se emanan por vía de actos administrativos.
Al respecto, Carlos Saínz Muñoz, integrante de la Comisión Presidencial, adelantó en una oportunidad que la propuesta que se maneja es la creación de un inspector laboral de ejecución, que tenga la potestad de actuar en defensa de los intereses de los trabajadores.
El marco legal tiene previsto ampliar los beneficios del bono vacacional y de fin de año.
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